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La salud como derecho universal

El derecho a la salud, según lo indica la Organización Mundial de la Salud, obliga a los Estados a generar condiciones mediante las cuales todas las personas puedan vivir lo más saludable posible.  "Dentro de esas condiciones se puede rescatar: la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos"(Gonzales et al., 2018. pag. 37). Este derecho está consagrado en varios tratados internacionales. Uno de estos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un tratado que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y crea mecanismos para su protección y su garantía. Este pacto protege la salud como un derecho universal y como se menciona en el articulo 12 "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). Otro tratado que toma la salud como un derecho universal es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este "...es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años"(Convención sobre los Derechos del Niño, 1978).  La Convención establece como ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y las niñas sean beneficiados por una serie de medidas especiales de protección y asistencia. 

Comentarios

  1. La salud es sumamente importante y no solo me refiero a la salud física, si no también a la mental, sexual, social y todas las que existan y por esto es que esta se considera como un derecho universal. Algo también fundamental para el bien de las personas es que la salud pueda ser para todo público que cumpla con las reglas ya que esta puede ser costosa pero no significa que solo las personas adineradas puedan recibir atención médica.
    “La Ley General de Salud define a la salud de la población como un bien de interés público y estipula que es una función esencial del Estado velar por la salud de los costarricenses garantizando el derecho a las prestaciones de salud a todos los habitantes del país” (Sáenz et al., 2011).

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